martes, 22 de mayo de 2018

Liberación y opresión en las artes femeninas (Las labores y la moda bajo la perspectiva del feminismo español, 1875-1936)


En España, existió una primera crítica de arte feminista, aproximadamente entre 1875 y 1936, que aportó una nueva perspectiva al análisis y la interpretación de las llamadas artes femeninas: las labores de aguja y la moda. Unas artes, éstas, que consideró en una doble vertiente, a la vez, como medio de liberación y de opresión de las mujeres, quienes las han practicado de forma mayoritaria y con quienes tradicionalmente se han relacionado atendiendo a sus supuestas características y funciones naturales.

La crítica de arte feminista empezó en nuestro país cuando se produjo la incorporación de las mujeres a la escritura profesional, el desarrollo de la crítica de arte y la difusión del feminismo y terminó con el estallido de la Guerra Civil. Esta fue una crítica artística que cuestionó por primera vez las tradicionales relaciones entre el arte y la mujer. Las artes menores ―femeninas― eran consideradas útiles, manuales, repetitivas, amateurs y mal pagadas o gratuitas; mientras que, al contrario, las artes mayores ―masculinas― eran juzgadas bellas, intelectuales, originales, profesionales y bien remuneradas.

       Las escritoras pioneras más importantes de esta crítica fueron: Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos Colombine, María Martínez Sierra y Margarita Nelken. Aunque pertenecieron a distintas generaciones y tuvieron diferentes ideologías, todas ellas estuvieron enormemente comprometidas con el feminismo y se dedicaron, en mayor o menor medida, al estudio del arte y la artesanía. Estos intereses se aunaron en muchos de sus textos y les aportaron un novedoso enfoque: analizaron y denunciaron la desigualdad de la mujer en el ámbito artístico en razón de su sexo ―hoy en día diríamos género, utilizando una terminología más actual―.

       Si bien aludimos a un número concreto y limitado de escritoras, no se trata de casos aislados o excepciones, pues, junto a ellas, hubo un grupo considerable de sobresalientes autoras que también abordaron la cuestión de las mujeres y el arte, aunque de forma menos decidida y más esporádica, entre las que cabe destacar a Concepción Gimeno de Flaquer, Carmen Baroja, Sofía Casanova, Concha Espina e Isabel de Palencia. Creemos que se trata de una muestra pequeña, pero representativa, de las numerosas mujeres que se acercaron a este tema, que esperamos que futuras investigaciones recuperen y den a conocer.

       Nuestras cuatro autoras contribuyeron a la divulgación de las labores de aguja y la moda al darlas a conocer entre el gran público, en especial, a través de sus artículos periodísticos, manuales femeninos y ensayos feministas; en los que se ocuparon de aspectos tanto teóricos como prácticos. Respecto a sus opiniones sobre estas actividades, debemos poner de relieve que mostraron posturas contrapuestas, que fueron desde la idealización hasta la crítica más contundente.

       Con el fin de revalorizar las labores femeninas utilizaron varios medios. El más común consistió en equiparar las artes femeninas a las artes mayores, sobre todo a la pintura, pero también a la escultura y a la arquitectura; recalcando su valor artístico, social y económico de primer orden e incluyéndolas en el devenir histórico del resto de las manifestaciones y corrientes artísticas. También defendieron que tenían un origen muy antiguo, que se remontaría a los primeros tiempos de la humanidad, anterior incluso a la mayoría de las expresiones culturales. Otro medio que utilizaron para elevar su consideración se basó en aludir a «voces autorizadas», es decir, a escritores prestigiosos que se habían dedicado a su estudio, así como a pintores que habían puesto una gran atención y se habían inspirado en ellas, y viceversa, es decir, obras de arte femenino que estaban muy influidas por obras literarias o artísticas de primer orden.     

        Sin embargo, y al mismo tiempo, fueron muy críticas con ciertos aspectos de estas artes. Denunciaron los numerosos y graves problemas que podían causar en la salud femenina, sobre todo en la vista, a consecuencia de las malas condiciones en que trabajaban, con escasa iluminación e higiene. También se preocuparon por el elevado número de horas que ocupaban a las mujeres, de la clase media pero sobre todo de las obreras, pues muchas de ellas tenían jornadas interminables, y por su escasa retribución, cuando se pagaban. De igual modo, rechazaron el sedentarismo, la pasividad y el aislamiento a los que estas labores avocaban a las mujeres, pues a menudo eran actividades rutinarias, mecánicas y de gran dureza que se cultivaban en la reclusión del hogar.

       En relación con las labores de aguja, lamentaron el exceso de dedicación de las jóvenes de las clases acomodadas a éstas, sobre todo, en la medida en que iba en detrimento de otras actividades como el estudio o la lectura, que las autoras consideraban más provechosas. En lo relativo a la moda, protestaron contra el uso de determinadas prendas femeninas, en especial del corsé, que dificultaba sus movimientos, mientras que exigieron un tipo de vestimenta que se adaptara a la vida moderna, que fue introduciendo importantes transformaciones en sus costumbres; particularmente en lo relativo al trabajo, la práctica de los deportes y los viajes. Aparte, criticaron la «esclavitud de la moda», es decir, la excesiva importancia que las mujeres daban al atuendo y a la apariencia en general, así como los constantes cambios y gastos que éste exigía, y que venían impuestos por los grandes modistos estaban muy alejados de sus gustos y necesidades.

       Ahora bien, creemos que no se puede hablar de una corriente crítica de arte feminista en el sentido de un grupo cohesionado, ni siquiera en la década de los veinte y los treinta del siglo XX, cuando el feminismo cristalizó en España y se constituyó como movimiento; ya que entre las distintas autoras no hubo debate en lo relativo al tema concreto de las mujeres y el arte. Como, por otra parte, sí hubo controversia o intercambio de ideas en otros asuntos de carácter social y político como el divorcio o el sufragio femenino. Así pues, en lo que respecta al arte fueron individualidades que trabajaron de forma aislada y cuyas ideas no tuvieron continuidad debido al estallido de la Guerra Civil y a la posterior instauración del Franquismo. Además, al tratarse de los primeros pasos de esta crítica, sus textos reflejaron forzosamente ideas vacilantes y contradictorias, como resultado de la falta de un aparato teórico y metodológico desarrollado.

        La constatación de la existencia de una primera crítica de arte feminista española contribuye al enriquecimiento de la crítica y la historiografía del arte, que, hasta entonces, había sido escrita solo por hombres y, por tanto, con un enfoque parcial y subjetivo que escondía una determinada concepción ideológica y política, privilegiando la creación artística de los varones y marginando la de las mujeres. Nuestras autoras pusieron en tela de juicio la autoridad masculina y socavaron algunos de los fundamentos y principales categorías de estas disciplinas, como eran la jerarquía artística o el menosprecio de las artes femeninas; restrictivos y excluyentes. A pesar del tiempo transcurrido y de los notables avances que ha experimentado la situación de las mujeres en España, en general, y en el ámbito artístico, en particular; buena parte de sus ideas siguen teniendo una enorme actualidad, ante todo, en lo que concierne a la adscripción de las mujeres a artes que se consideran inferiores y al menor reconocimiento de las creaciones femeninas.

África Cabanillas Casafranca
Dra. en Historia del Arte por la UNED
Ganadora del XX Premio Elisa Pérez Vera

martes, 9 de enero de 2018

Igualdad y derechos de la mujer en Marruecos

Un somero análisis de lo que ha sido la evolución de los derechos de la mujer en estos últimos años en Marruecos validaría probablemente un juicio positivo, sustentado en los múltiples cambios normativos que se han producido. Sin embargo esta valoración positiva no sería más que una lectura muy superficial que ha de ser matizada y precisada. Entre los pasos dados para garantizar una mayor igualdad entre hombres y mujeres figura la reforma en dos ocasiones del Código de Familia (anterior Código del Estatuto Personal de 1958), también conocido como Mudawana, sobre el que en estos días el Gobierno se estaría planteando introducir una nueva actualización. Dicha reforma fue una consecuencia directa de la ratificación por Marruecos, el 21 de julio de 1993, de la Convención Internacional sobre todas las Formas de Discriminación hacia la mujer de 1979 (CEDAW). Asimismo, a consecuencia de dicha ratificación, se reformaron otros códigos como: el Código de Obligaciones y Contratos, el Código de Enjuiciamiento Civil y el Código de Comercio. La reforma del Código de Familia incidía en un ámbito en el que persistían y persisten, todavía hoy, el mayor número de discriminaciones contra la mujer, pues se trata del Derecho de Familia. La reforma del Código de Familia afectó, ante todo, al matrimonio, a su disolución, a la filiación y a la representación legal.

Las sucesivas modificaciones legislativas aportadas al Código de familia en 1993 y 2004, o la creación de una circunscripción nacional en las elecciones generales con listas compuestas exclusivamente de candidatas mujeres (que ha permitido duplicar la representación femenina en la Cámara de Representantes), se inscribieron en un contexto de apertura que estuvo acompañado por la creación de un “Ministerio para la condición femenina” (ya desaparecido). En cualquier caso, todos los cambios legislativos registrados en el Derecho de familia no supusieron, en realidad, un avance para el derecho a la igualdad de la mujer, sino que, más bien, contribuyeron a consolidar ciertos cambios sociales del modelo de familia.

Pero ha sido sin duda tras la adopción de la Constitución de 2011 cuando se han intensificado los motivos para un impulso legislativo en el ámbito de la igualdad de género. En su Preámbulo, la Constitución proclama que «El Reino de Marruecos se compromete a combatir y a prohibir toda discriminación hacia cualquiera por razón de su sexo». Asimismo, en su art. 19 el texto constitucional consagra una igualdad total entre hombres y mujeres en el disfrute de derechos no solo constitucionales sino también convencionales. El contenido del art. 19 de la Constitución se completa con la elevación de “la paridad entre hombres y mujeres” a la condición de objetivo constitucional, y con la institucionalización de la “Autoridad para la Paridad y la Lucha contra todas las formas de discriminación” (APALD), órgano que tan solo tendrá capacidad de formular propuestas y recomendaciones sobre proyectos y proposiciones de ley.
Además de la nueva Constitución, Marruecos es en la actualidad signatario de ocho de los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la igualdad de sexos, no solo la ya mencionada CEDAW, sino también, entre otras, tres de las cuatro convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad (Convención 100 y 111 sobre igualdad de oportunidades, de trato y de remuneración). Prácticamente ya bajo la égida de la nueva Constitución tenía lugar asimismo la retirada de las reservas a los arts. 9.2 (transmisión de la nacionalidad de la madre a los hijos) y 16 (igualdad en el matrimonio y el divorcio) de la CEDAW en 2011, sin embargo en otros ámbitos como es el de la violencia de género, no se han ratificado importantes instrumentos internacionales como la Convención de Estambul del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, abierta a terceros estados.
A pesar de la constitucionalización de la igualdad y la paridad, la nueva Constitución nos devuelve a dos tipos de problemas que persisten a lo largo del tiempo, no obstante la sucesión de diferentes textos constitucionales. De un lado, se constata en esta Constitución, al igual que en la anterior de 1996, una decidida voluntad de hacer constar al más alto rango la igualdad de derechos de la mujer, pero este tipo de proclamaciones constitucionales han tenido prácticamente un valor declamatorio, en primer lugar por no estar configurados como un derecho subjetivo dada la inexistencia hasta ahora de un mecanismo de tutela de los derechos mediante la cuestión de inconstitucionalidad por violación de derechos constitucionales prevista en el art. 133 de la Constitución. Todavía a día de hoy, se está ultimando el texto legal que permitirá cuestionar la constitucionalidad de una ley en los procesos judiciales por alguna de las partes en el litigio cuando estimen violado algún derecho fundamental, ley cuyo texto difiere su aplicación a un año vista. De otro lado, en segundo lugar, existen, por decir así, algunas cláusulas “perturbadoras” o moduladoras del contenido de algunos enunciados constitucionales entre los que se encuentra el propio art. 19 en el que se consagra la paridad. En efecto, el reconocimiento del disfrute en igualdad de los derechos constitucionales y convencionales para hombres y mujeres según el dictado constitucional está condicionado al “respeto de las disposiciones de la Constitución, de las constantes del Reino y de sus leyes”. Interpretada de este modo una cláusula de este tenor no puede dejar de sorprender por un doble orden de consideraciones. En primer lugar, el respeto a las leyes no puede ser interpretado como una reserva de ley para la regulación de los derechos, ya que ésta claramente se ubica en el art. 71 del texto constitucional. Por otro lado, no tendría sentido garantizar el igual disfrute de derechos constitucionales para hombres y mujeres “en el respeto de las disposiciones de la Constitución”, pues no sería sino una vana tautología. Lo que a nuestro juicio parece estar indicando en realidad el art. 19 es que el respeto de la Constitución, las constantes del Reino y sus leyes actúa como un límite para los derechos convencionales reconocidos en Tratados Internacionales, a modo de una cláusula de orden público, de ahí que la cláusula encabezada por la expresión “en el respeto de” se encuentre inmediatamente precedida de la referencia a los derechos enunciados en las convenciones y pactos internacionales. Esta hipótesis se ve reforzada por una cláusula casi de idéntico tenor a la del art. 19, -y que este último precepto no haría más que reiterar-, incluida en el Preámbulo de la Constitución y en virtud de la cual se reconoce a las convenciones internacionales “la primacía sobre el derecho interno del país”, si bien “en el marco de las disposiciones de la Constitución y de las leyes del Reino, en el respeto de su identidad nacional inmutable” (referencia implícita a las constantes del Reino).
En definitiva, se habría querido introducir mediante la exigencia de “respeto a las disposiciones de la Constitución, las constantes del Reino y de sus leyes” una serie de restricciones a los derechos claramente derivadas de la Constitución (donde se contienen las reglas de sucesión al Trono que excluyen a la mujer) y derivadas de algunas leyes, en especial, el Código de Familia, al igual que las derivadas de aquellos otros textos legales inspirados por la tradición islámica (constante del Reino) y en los que la mujer se encuentra discriminada en ámbitos como la herencia, la poligamia, el régimen económico matrimonial, el pago de pensiones alimenticias, la guarda y custodia de los hijos o la filiación de los hijos de madres solteras. Así pues, una vez más al igual que con anteriores Constituciones, parece que la paridad y la igualdad de derechos podrá proyectarse sobre la participación política y social de las mujeres, pero podría no tener cabida en aquellos textos normativos que tienen anclaje en el derecho o la tradición islámica.

No es por ello de extrañar que desde ciertas posiciones se continúe sosteniendo que existe un ámbito de ciudadanía proyectado hacia lo público en el que debe regir la igualdad entre sexos, diferenciable del ámbito privado o familiar que sería, por excelencia, un espacio regido por normas culturales. A nuestro juicio, sin embargo, “la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables” exigen asentar la igualdad de derechos a partir del espacio privado especialmente regido -aunque no solamente-, por el Derecho civil, pues es aquí donde tiene lugar la socialización y aprendizaje de la convivencia entre sexos y es el espacio en el que los cónyuges deben ser sujetos de los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos deberes. Precisamente se constata con preocupación la necesidad de prevenir y castigar la violencia sobre la mujer no solo en el ámbito público y en los lugares de trabajo, sino también en el ámbito doméstico y en el seno familiar, ya que en la legislación penal sigue sin incriminar comportamientos como la violación dentro del matrimonio o el acoso sexual en el espacio público. Una reforma en profundidad del Código Penal, debería eliminar asimismo la atenuación de penas por delitos de violación si la mujer víctima no es virgen, ya que la violación sigue estando encuadrada en los delitos contra la decencia y el honor.

Tanto el legislador, -que debería proceder a una extensa obra de armonización de la legislación para ponerla en conformidad con la nueva Constitución-, como la Autoridad para la Paridad (cuando entre en funcionamiento), tienen por delante una ingente tarea si tenemos en cuenta las propias cifras suministradas el Alto Comisariado para la Planificación (organismo equivalente al INE español), ya que, según estas cifras, en torno al 46% de mujeres son analfabetas, más de 6 mujeres de 10 son víctimas de violencia y malos tratos; las mujeres padecen el desempleo dos veces más que los hombres y en materia salarial; el salario medio de una mujer es 26,2% más bajo que el de los hombres. Asimismo, según el Informe sobre Desigualdad del Fórum Económico Mundial de 2017, Marruecos se coloca en el puesto 136 de 144 países de la clasificación. Comparando con los registros de hace diez años Marruecos no avanza o solo ligeramente, al pasar del 0,583 al 0,598 en 2017 (teniendo en cuenta que la puntuación de 1 representa la paridad total). No obstante, en el desglose de la puntuación Marruecos obtiene buenas ratios, rozando la paridad total, en el acceso a la educación (0.920) y a la sanidad (0.965), pero sigue obteniendo baja puntuación en la paridad de la representatividad de las mujeres en política (0.117) o en la participación económica de las mujeres (0.391).



La instauración de la paridad entre sexos debiera, por tanto, estar precedida por el reconocimiento de condiciones reales que permitan una igualdad efectiva en el ejercicio no solo de derechos políticos, sino también derechos económicos, sociales y civiles, pues todos ellos son interdependientes entre sí respecto a la igualdad de sexos.

Hanae Cherai

Investigadora en Derecho Constitucional
Universidad de Jaén

jueves, 14 de diciembre de 2017

Por una Constitución con perspectiva de género

Con motivo del trigésimo noveno aniversario de la Constitución española la Red Feminista de Derecho Constitucional ha hecho público el documento 'Posicionamiento de la Red Feminista de Derecho Constitucional ante la necesaria reforma de la Constitución'. Se trata de un documento clave para entender las propuestas de reforma del texto constitucional con perspectiva de género. Un documento que marca los ejes transversales y las implicaciones de incorporar el 'género' como categoría de análisis jurídico. Y es que tras casi cuarenta años de vigencia constitucional la realidad más inmediata ha evidenciado la desigualdad estructural subyacente en el pacto de convivencia social. Una realidad que resulta imposible obviar si tenemos en cuenta los datos sobre violencia de género en el ámbito relacional de la pareja o ex pareja, la brecha salarial de género, los datos sobre acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, los datos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual así como en materia de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional sin olvidar los datos en materia de corresponsabilidad, etc. Datos que – desde un análisis jurídico crítico – obligan a profundizar seriamente sobre los motivos por los que pese a que la igualdad normativa y formal tras la aprobación del texto constitucional del 78 resulta incuestionable, sin embargo, su traslación a la realidad inmediata ha dejado (y deja) mucho que desear. Desde esta posición crítica se observa cómo el pacto de convivencia social plasmado en la Constitución española de 1978 se articuló sobre un modelo normativo de lo humano que hizo abstracción de la sexuación de los sujetos de derecho. De ahí que las mujeres fueran (fuéramos) instaladas en la 'otredad' constitucional con respecto al sujeto jurídico/universal. Una otredad que no ha resultado anodina desde el momento en que se observa cómo la igualdad efectiva y real – en sede constitucional – no se ha configurado desde el reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes. Al contrario, la igualdad constitucional se ha venido articulando desde el reconocimiento de un sujeto jurídico/universal – de un sujeto persona – que no ha tenido en cuenta la categoría 'sexo' como hecho biológico natural que ha servido de excusa y/o ha dado cobertura al sistema sexo/género para neutralizar y/o naturalizar desigualdades sociales. Pues bien, desde esta realidad incuestionable la Red Feminista de Derecho Constitucional ha hecho públicas sus propuestas en materia de reforma constitucional. Unas propuestas de reforma que pasan por una reformulación intensa del pacto constitucional en clave de género desde una serie de prespuestos básicos, a saber: incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todo el texto constitucional, superar la tradicional división público-privado de los espacios de interacción social, reconocer la subjetividad jurídica y política de las mujeres, etc. En esta línea el documento de 'Posicionamiento' recoge una Declaración de Intenciones que se concretan en una serie de propuestas clave para posteriores análisis y desarrollos en relación a los valores y principios constitucionales, a la forma política del Estado, a los derechos y libertades, a los órganos constitucionales, a la llamada Constitución económica, al modelo territorial del Estado y al propio principio democrático. Sin duda, propuestas renovadoras y necesarias para un modelo constitucional que poniendo en valor los logros de la Constitución de 1978 no deja de reconocer la necesidad de avanzar en clave de género para una Constitución de todas y todos.


Puede consultarse el documento 'Posicionamiento de la Red Feminista de Derecho Constitucional ante la necesaria reforma de la Constitución' en el siguiente enlace: http://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2017/12/RFDC_posicionamiento_RefConst-4-diciembre-2017..pdf


María Concepción Torres Díaz
Profesora de Derecho Constitucional y Abogada
Secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional 

jueves, 30 de noviembre de 2017

QUE LOS MALTRATADORES SE SIENTAN VIGILADOS, UN CAMBIO RELEVANTE DE PARADIGMA

Las estrategias jurídicas destinadas a prevenir, y, en la medida de lo posible, evitar la violencia contra la mujer exigen el desarrollo de un pensamiento constante destinado a mejorar y a perfeccionar las medidas adoptadas hasta el momento cuando se demuestra que no cumplen adecuadamente con la finalidad que están llamadas a cumplir. 

Los operadores jurídicos, tales como Jueces y Fiscales, precisan, para que su quehacer cuente con instrumentos científicos que complementen su interpretación jurídica de los hechos, de la presencia de psicólogos altamente cualificados en materia de violencia contra la mujer y que éstos trabajen en todos los juzgados en la instrucción preliminar de las causas penales. Sus informes deberían aportarse a la instrucción, de forma que el Ministerio público dispusiese de un instrumento idóneo en el que apoyar, junto con otras informaciones relevantes, su valoración de riesgos, hoy muy insuficientes merced a instrumentos informáticos como el VioGen usual en los atestados policiales y que no proporciona una información suficiente de riesgos. Por otro lado, no es desacertado proponer, de lege ferenda formas de conformidad premiadas que tengan como finalidad específica que los presuntos agresores se sometan voluntariamente a evaluaciones psicológicas en la instrucción, de modo que los perfiles de estos, formen parte del conjunto de hechos de valoración científica por el Ministerio Público y por los Jueces en la instrucción de las causas de violencia contra la mujer, la determinación más precisa del riego real y efectivo tendría en estos informes una fórmula más rigurosa de evaluar la eficacia de las medidas que se promuevan o evaluar ex ante del catálogo de acciones disponibles la más adecuada en función de la valoración de riesgos objetivos basada en la personalidad del agresor.

Por último pero no menos importante que lo anterior, un cambio en el paradigma de la protección podría o debería situar ésta de lege ferenda sobre el presunto agresor, más que sobre la víctima, sin que por razones puntuales ésta la pueda precisar simultáneamente con la primera en casos concretos, pero la idea de vigilar al agresor en vez de a la víctima podría lograr que la víctima y su estatuto jurídico integral logren alcanzar un nivel de “normalidad” que le permita a ésta realizar una vida lo más plena e integrada posible y sin sujeción a los fuertes condicionamientos de una seguridad asfixiante y no siempre operativa que limita, en todo caso, la vida personal y familiar de la víctima. Pensemos, por ejemplo, en los hijos de la víctima, estos, no se pueden proteger adecuadamente de forma simultánea a la mujer ya que la fuerza pública actuante carece de recursos personales suficientes para proveer dos focos de control: la víctima y sus hijos,  pero una vigilancia del agresor bien planificada y desarrollada sí tendría efectos sobre todas sus conductas periféricas y daría cobertura de seguridad a los hijos y a la mujer maltratada de forma simultánea, el coste-beneficio se puede observar con facilidad. Por otro lado, no cabe duda de que la calidad de vida de la víctima se vería, pensamos, notablemente mejorada ya que su libertad no se vería afectada al tener conocimiento preciso de que el agresor está siendo objeto de vigilancia y control, la posibilidad, por ejemplo, de violar una orden de alejamiento en éste nuevo paradigma sería así evitado o fuertemente minimizado, entre otras ventajas del cambio de modelo.


Las medidas aquí únicamente esbozadas en sus líneas más generales deben ser objeto de ulteriores análisis y exigen ciertamente un compromiso económico serio, sostenido y riguroso, de forma que la implantación de las mismas se realicen de forma eficiente. No nos podemos conformar con lo existente, debemos buscar fórmulas que permanentemente evalúen la eficiencia de las medidas adoptadas y cambiarlas si son incapaces de alcanzar los resultados deseados con respeto de los derechos fundamentales implicados.

Dr. Luis Miguel González de la Garza.
Profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
Ex Fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

martes, 14 de marzo de 2017

Mujeres Y Franquismo (Una selección de artículos y documentos audiovisuales en internet)

Recordemos que, sobre el papel, durante los años de la II República (1931-1936), la mujer había alcanzado una cota de derechos comparable al de las naciones más avanzadas: por un lado, y a través de la Constitución de 1931, se consagraron ciertos derechos básicos, como el de sufragio, la igualdad ante la ley, la escuela obligatoria, gratuita, laica y mixta o la admisibilidad sin previa distinción de sexo en los empleos; y por otro, a partir de su correspondiente desarrollo, se promulgaron numerosas leyes, entre las que cabe destacar las de matrimonio civil y de divorcio (1932), así como la despenalización del aborto por causas eugenésicas (1936). Cabe decir, con todo, que el nuevo marco jurídico solo se visualizará en toda su amplitud y alcance durante los años de la guerra, posiblemente más por necesidades coyunturales que por verdadera convicción.  
El final del conflicto bélico y la instauración del régimen franquista trajeron consigo un cambio radical en todos los ámbitos de la vida no solo política, sino social, educativa, laboral y familiar. En este sentido, la represión se cebó particularmente en el sector femenino de la población, ya que a las restricciones de derechos y libertades -cuando no directamente a su abolición- que padeció la población entera, vinieron a sumarse muchas otras específicas para la mujer. El proyecto resultante hundía sus raíces no solo en un modelo pre-republicano, sino incluso muy anterior, y las principales organizaciones a las que se encomendó dicha tarea fueron, básicamente, dos: la Iglesia católica y la Sección Femenina de la Falange Española. 
Dichas organizaciones, aunque compartían lo esencial del modelo, tenían en algunos aspectos, más bien menores, visiones divergentes, y ello suscitó algún que otro encontronazo entre ambas, sobre todo en el periodo conocido como primer franquismo (1939-1959). Cabe afirmar, sin embargo, que dichas fricciones tenían su origen más en la lucha por el monopolio de las políticas femeninas que en la naturaleza de las medidas que cabía aplicar al respecto. La influencia del fascismo italiano y el nazismo alemán sobre la Falange y su Sección Femenina proyectaban una imagen de la mujer ciertamente tradicional, pero con algunas variantes, tales como un cierto culto al cuerpo a través de la educación física, que mal podían encajar en el ideario de la Iglesia, más partidaria de su ocultación, cuando no directamente de su mortificación. Asimismo, el rol de la mujer en la sexualidad contenía pequeñas pero reveladoras diferencias. Así, para la Sección Femenina prevalecía el sometimiento sobre la moral, recomendado a la mujer ceder sin poner en tela de juicio a los requerimientos del esposo; mientras para la Iglesia, la mujer debía contener los excesos de aquél si sobrepasaba los límites de lo moral y sexualmente convencional de acuerdo, claro está, con su criterio pastoral. 
Ahora bien, en el fondo, el proyecto del régimen para la mujer era bien sencillo, y apenas consistía en poco más que en devolverla a la situación anterior a toda reivindicación de género y situar en su horizonte vital el modelo más tradicional posible, aquel que la vinculaba, en el ámbito privado, a la maternidad y el cuidado de la familia; y en el laboral, a actividades relacionadas con dichas funciones (la educación infantil, el cuidado de los enfermos, el servicio doméstico, etc.).
Para el régimen surgido de la Guerra Civil, no cabían disensiones ni matices. Mucho menos, resistencias. El exilio de las voces más preclaras del progresismo femenino y el silencio obligado de las que, presas o estrechamente vigiladas, permanecieron en el país, contribuyeron en gran medida a que la aplicación del nuevo modelo se produjera sin dilaciones ni sobresaltos. También contribuyó a su plena implantación el hecho de que en la España rural -con un gran protagonismo y peso en la época- e incluso en muchas capitales de provincias los cambios que la República trajo consigo apenas tuvieron ocasión y tiempo de arraigar en el imaginario colectivo.
Hasta bien entrada la década de los años sesenta, la mujer española fue considerada, a efectos prácticos, como una menor de edad; eso sí, una menor de edad con una enorme carga de trabajo y responsabilidades. A su completa supeditación al varón -padre, esposo o tutor- en el ámbito familiar y conyugal, vinieron a añadirse otras limitaciones, como la gestión del propio patrimonio, la imposibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo o la obtención del pasaporte. Incluso, hasta 1963, el Código Penal permitía al marido -arrebato pasional mediante- asesinar a la esposa adúltera con la garantía de una práctica total impunidad. 
En los últimos años del franquismo, se produjeron numerosas circunstancias que cambiaron radicalmente el escenario; unos cambios apenas reflejados, ciertamente, en lo político y jurídico, pero sí en lo social y familiar. El auge del turismo de masas, la creciente influencia cultural externa, una incipiente clase media, un mayor acceso de la mujer a la universidad, un tímido resurgimiento del feminismo y la aparición de unas generaciones que no habían vivido ni la guerra ni las etapas más duras del franquismo, fueron separando, de manera creciente e imparable, a la sociedad de un régimen moribundo que trataba de mantener, ya inútilmente, sobre ella un férreo control.

Sin embargo, para muchas mujeres, esas cuatro décadas de dictadura fueron prácticamente toda su vida, una vida que jamás recuperarían y que hubiera merecido en su momento, aunque nunca es tarde, nuestro respeto, homenaje y reparación.  

(Nota explicativa: El Área de Coordinación de Bibliotecas de Centros Asociados de la UNED y Proyectos Culturales, en colaboración con el Centro Asociado de Asturias, ha elaborado una exposición bibliográfica virtual sobre el papel de la mujer, en diversos ámbitos, durante el franquismo. Dicha exposición virtual incluye los enlaces a una amplia selección de artículos de revistas académicas y especializadas, así como a algunos documentos audiovisuales disponibles en libre acceso. Con esta iniciativa se ha pretendido acercar a la comunidad universitaria y al público en general un periodo de nuestra historia ampliamente abordado desde múltiples aspectos y puntos de vista y que, más de cuarenta años después, sigue suscitando debate e interés. Se ha aportado, asimismo, una bibliografía de monografías para quien desee profundizar en este tema, así como una breve selección de títulos de películas y canciones que, de una manera u otra, lo ilustran).

JOSÉ BURGOA ABARCA
Coordinador de Bibliotecas de Centros Asociado de la UNED y Proyectos Culturales

Punto de Interés "Mujeres en el franquismo a través del cine".