La presencia de las mujeres en el Congreso de los Diputados crece significativamente

Es evidente que en países como el nuestro se ha producido un avance significativo de la presencia de la mujer en la esfera pública. El Congreso de los Diputados que ha resultado de las elecciones generales celebradas el día 28 de abril de 2019 llevará a gala el quedar integrado por el mayor número de Diputadas de la historia de nuestra democracia (el 52,6% de los escaños estarán ocupados por hombres y el 47,4% por mujeres). Atrás quedan, por tanto, aquellos porcentajes de escaños para las mujeres en el Congreso de los Diputados del 5,1%, 4,9% y 6,6% de las elecciones generales de 1979, 1982 y 1986, respectivamente. Desde entonces, la presencia de las mujeres en este órgano no ha dejado de crecer tras cada cita electoral, al punto de que su presencia ya fue del 36% tras las elecciones del año 2004.

            En el año 2007, como sabemos, se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Con esta ley, el legislador, convencido de que la situación de desigualdad de la mujer con respecto al varón presentaba todavía múltiples manifestaciones, decidió adoptar una estrategia global y transversal para luchar contra ellas y así conseguir una igualación eficaz entre los dos géneros. Dentro del elenco de medidas que desarrolla esta Ley Orgánica se incluyó una destinada a promocionar o impulsar la presencia de la mujer en el ámbito representativo. En concreto, la ley introdujo la reserva de un cierto porcentaje (cuota) por razón de sexo en el momento de la composición de las candidaturas electorales. Las principales claves de la medida son las siguientes:

            PRIMERA: la previsión legal de la cuota electoral se aplica a las candidaturas que concurran a las elecciones al Congreso, al Parlamento Europeo, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios o miembros de las Asambleas Legislativas de las CC.AA.

            SEGUNDA: la norma obliga a los órganos competentes para la elaboración de las candidaturas electorales (partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores) a respetar un determinado porcentaje por razón de sexo en el momento de la composición de las mismas “de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 40 por ciento”. Es cierto, en todo caso, que esta misma norma concibe los porcentajes que establece como una regla de mínimos para el caso de las elecciones autonómicas al permitir que sus correspondientes leyes electorales establezcan medidas que favorezcan una presencia todavía mayor de las mujeres en las candidaturas (así ha sucedido, por ejemplo, en Comunidades Autónomas como la de las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía). Por lo que hace a las elecciones al Senado, la norma prevé que cuando las candidaturas se agrupen en listas, éstas deberán respetar una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.

            TERCERA: en los procesos electorales al Congreso, Parlamento Europeo, autonómicas y locales, la proporción mínima del 40% se mantendrá en cada tramo de cinco puestos, teniendo en cuenta que las mismas reglas son de aplicación a las listas de suplentes. Esta previsión, que obliga a respetar el porcentaje previsto por tramos de cinco puestos, tiene como finalidad prevenir un posible fracaso en la aplicación de la norma, pues, en efecto, si la norma no dispusiera el lugar que deben ocupar las mujeres en las listas, podría suceder que éstas fueran situadas en los últimos puestos, reduciendo, o más allá, suprimiendo, sus posibilidades de elección.

            CUARTA: el respeto de dichos porcentajes por razón de sexo en el momento de la composición de las candidaturas electorales no será exigible en el supuesto de municipios con un número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes, ni en el caso de las islas con un número de residentes igual o inferior a 5.000 habitantes. Se trata de paliar así las dificultades que puede suponer componer una lista paritaria en los núcleos de población más reducidos.

            QUINTA: el incumplimiento de la cuota electoral legal provoca el rechazo de la candidatura incumplidora por parte del órgano competente para decidir al respecto e impide, por consiguiente, la participación en la contienda electoral correspondiente al partido político, coalición, federación o agrupación de electores incumplidor.

            La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres fue objeto del recurso de inconstitucionalidad que planteó el Partido Popular y de una cuestión de inconstitucionalidad que resolvió la sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero. El Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad del precepto de la norma que introducía esta medida que, por tanto, se ha mantenido en el tiempo y continúa hoy vigente. En la misma línea habría que mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2009, de 9 de enero, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el grupo parlamentario popular en el Congreso contra la Ley del Parlamento Vasco para la Igualdad de las Mujeres y Hombres; y la sentencia del Tribunal Constitucional 40/2011, de 31 de marzo, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por el grupo popular en el Congreso contra una Ley del Parlamento de Andalucía que introdujo la cuota de cremallera.

            Tras la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres se celebraron, muy poco después, elecciones generales. En las dos primeras convocatorias tras la aprobación de la norma la presencia de mujeres en el Congreso fue del 35,7% (elecciones generales de 2008 y de 2011). En las elecciones 2015 y 2016 las mujeres consiguieron el 39,7% y el 39,4% de escaños en el Congreso, respectivamente. Pero el salto decisivo se ha producido con los resultados que ha arrojado la contienda electoral de abril de 2019. Tras ella, la presencia de mujeres en la Cámara baja será de un 47,4%, como ya hemos indicado. Y no se trata solo de que se haya registrado el mayor porcentaje de presencia de mujeres en el Congreso de los Diputados, sino que, además, España se sitúa a la cabeza de los países europeos con mayor proporción de mujeres en instituciones similares.

            Parece evidente, pues, que en España resulta posible hablar de una transformación radical del contrato social del liberalismo que, aunque todavía mejorable parece, por lo demás, irreversible. Dejando ahora a un lado antecedentes más remotos, hay que recordar que, durante una primera etapa (siglo XVIII y buena parte del XIX), sencillamente, se ignoraba a la mujer como sujeto de derechos, es decir, no se le reconocía una conciencia individual distinta a la del hombre. El contrato social del pensamiento liberal aportaba un modelo de ciudadanía exclusivamente masculino. El estereotipo de la época resulta de sobra conocido: mujeres y hombres son biológicamente, “naturalmente” diferentes, y ello se traduce en la asunción por parte de los mismos de distintas funciones sociales. Se presentaba así una escisión entre el espacio público, reservado a los varones, y el espacio privado, competencia de las mujeres. Las mujeres debían ocuparse de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, pues se las consideraba desprovistas de las cualidades naturales necesarias para actuar como ciudadanas; para desempeñar cualquier tipo de responsabilidad en la esfera cívica o pública. Ni qué decir tiene que en esta primera etapa no disfrutaban ni de derecho de sufragio activo (el voto), ni de derecho de sufragio pasivo (la posibilidad de ser elegible). La crítica a este modelo de ciudadanía liberal fue protagonizada por algunas mujeres célebres. Francois Poullain de la Barre, en su obra D’égalité des sexes (1673), o, más tarde, Olympe de Gouges en su Declaración de los Derechos de la Mujer dedicada a la Reina (1791) y Mary Wollstonecraft en Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Los pocos intelectuales liberales masculinos que parecieron defender inicialmente algún papel de la mujer en la esfera pública, o fueron silenciados (Condorcet), o parecieron modificar su posición primigenia (Sièyes).

            Posteriormente, la lucha por el reconocimiento del sufragio activo para la mujer durante la primera mitad del siglo XX, que se produjo en fechas diferentes en función del país de que se tratara (en Finlandia en 1906, en Alemania y Suecia en 1919, en EE.UU. en 1920, en Reino Unido en 1929), comenzó a cambiar dicho panorama. La película del año 2015, Sufragistas, relata muy bien, a través de la historia personal de su protagonista principal, el movimiento sufragista que se desarrolla en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. En nuestro país, el artículo 36 de la Constitución republicana de 1931 extendió por primera vez el derecho de sufragio a las mujeres por muy pocos votos de diferencia -el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent sobre el sufragio femenino fue el gran protagonista de la sesión de las Cortes del 1 de octubre de 1931- y las mujeres españolas pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Desgraciadamente, la Guerra Civil y el régimen franquista posterior supusieron, en este ámbito como en otros, una parálisis, más aún, un retroceso para las posibilidades de las mujeres.

            Por último, y de manera más reciente, resultará decisiva la consagración constitucional de un entendimiento más complejo del principio de igualdad. Como sabemos, frente a un entendimiento formal de la igualdad se inserta, en los textos constitucionales posteriores a la II Guerra Mundial, y en el caso español, en la Constitución de 1978, también el principio de igualdad material (junto a una igualdad formal entendida como estricta igualdad en el estatuto jurídico de los sometidos a un mismo ordenamiento, incapaz de comportarse como un remedio rápido y eficaz de corrección de la situación histórica de desigualdad –en detrimento de las mujeres- que había caracterizado la realidad social de las relaciones entre ambos colectivos). La vertiente material del principio de igualdad permite, no, más bien exige a los poderes públicos intervenir para garantizar, entre otras cosas, la igualdad real y efectiva entre el colectivo de hombres y el de mujeres, por ejemplo, a través de la aprobación de medidas de acción positiva que favorecen a los miembros de un colectivo en desventaja por su pertenencia al mismo, no por sus circunstancias individuales. Y da cobertura en España a la aprobación de leyes como la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. En qué medida esta norma haya podido ser el detonante directo del incremento de la mujer en el Congreso de los Diputados tras su aprobación es discutible, pues antes de su aprobación ya se habían producido avances significativos al respecto como consecuencia de la introducción voluntaria de las cuotas en las normas estatutarias de determinados partidos y se podía predecir que otros las iban a asumir, aún sin ley, si no por convencimiento, sí con la pretensión de aumentar su base electoral. En todo caso, lo que es evidente es que la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres ha resultado decisiva para dar mayor visibilidad al tema de la igualdad de género, también en el ámbito representativo, y que ha contribuido a afianzar la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, ha sido un factor clave en el proceso de cuestionamiento de los estereotipos culturales tradicionales de reparto de roles sociales entre el hombre y la mujer que, por cierto, todavía hoy no están completamente superados.

María Luz Martínez Alarcón

Profesora Titular de Derecho Constitucional (UCLM)

UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS; MUJERES CONDENADAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CHILE

Mujer condenada privada de libertad y perspectiva de Género.

Las Mujeres condenadas privadas de libertad necesitan ser escuchadas, ser vistas y resguardadas, y la perspectiva de género viene a sostener la existencia cierta de que las grandes diferencias existentes entre hombres y mujeres son una realidad que tiene un carácter histórico y social acerca de los roles y valores que son de cada género, por lo que, al hacer referencia a las mujeres condenadas privadas de libertad, se debe partir analizando las temáticas que viven día a día las mujeres privadas de libertad, que no son las mismas problemáticas que encontramos en los hombres condenados.

Las mujeres condenadas privadas de libertad se encuentran con dificultades tales como, el abandono de su cónyuge o pareja, si tienen hijos y son mayores de dos años son derivados a fundaciones y hogares de menores  por no contar con una red de apoyo, muchas no reciben visitas ni insumos básicos para su higiene personal, no tienen la debida atención de salud que requiere una mujer cada seis meses como mínimo y como máximo un año, como son el examen del Papanicolau, por el virus del papiloma humano y la mamografía para detectar preventivamente el cáncer de mama, así como problemas de menopausia, endometriosis, mujeres embarazadas, entre otras, no existiendo estándares que se ajusten a los principios fundamentales de los derechos humanos, toda vez que la comunidad internacional ha reconocido que los grupos minoritarios y especialmente vulnerables son los menores de edad, adultos mayores, inmigrantes, indígenas y mujeres, por lo que requieren de una absoluta y especial atención, por medio de políticas públicas tendientes a su debida protección.

Mujer Condenada privada de Libertad y sus hijos.

 En Chile, existen actualmente más de 3.319 mujeres privadas de libertad en las cárceles de todo el país, de las cuales más de 1.916 se encuentran condenadas, según lo informado por Gendarmería de Chile en su estadística mensual, un dato alarmante es que la mayoría  de las mujeres privadas de libertad son madres y más de un  67% de ellas tienen hijos menores de 18 años, lo que arroja que alrededor de 6.000 menores de edad tienen actualmente a su madre sufriendo una condena privativa de libertad, y más preocupante aún es saber que muchas de ellas son el sustento de la familia, ya que los principales delitos por los que las mujeres se encuentran cumpliendo condena en Chile son ley 20.000 de tráfico ilícito de estupefacientes y los distintos tipos de robo, que tienen asignadas penas altas.

   

Cuando una madre se encuentra privada de libertad, sus hijos son los que más sufren, ya que ven afectados sus estudios, su apoyo familiar, trauma psicológico no tratado por la separación con su madre, el acceso a útiles escolares y estudios, por lo que la mayoría termina en los ya mencionados hogares de menores y en el peor de los casos terminan en las calles inmersos en el mundo de las drogas duras, principalmente la pasta base, lo que se vuelve un circulo difícil de romper.

En Chile, las mujeres privadas de libertad tienen derecho a ejercer el cuidado de sus hijos lactantes hasta los dos años de edad, para eso se han habilitado dependencias especiales dentro de los recintos penitenciarios, separadas del resto de la población penal, para resguardo de los niños, en etapa pre y post-natal, lo que se encuentra regulado en el  art. 19 del Decreto Supremo N° 518 de 1998 del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y por la ley 20.032 que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del SENAME, pero lo cierto es que una vez que cumplen los dos años, la mayoría termina en hogares para menores o en un núcleo familiar disfuncional donde existe ausencia del padre por abandono del domicilio o por encontrarse de igual forma cumpliendo una condena  privativa de libertad.

Más compleja aun es la realidad que viven las mujeres extranjeras condenadas privadas de libertad, quienes en muchas ocasiones no cuentan con ningún tipo de comunicación con su familia e hijos en el país de origen, pudiendo solo algunas, y en forma esporádica, recibir visitas y tener una comunicación telefónica, lo que depende principalmente del complejo penitenciario, ya que no todos en Chile cuentan con teléfonos habilitados para los condenados.

Avances y mecanismos de ayuda a las mujeres condenadas privadas de libertad.

La Defensoría Penal Pública ha implementado una defensa especializada para mujeres privadas de libertad y condenadas, lo que se ha logrado fruto de acabados estudios realizados principalmente por las investigaciones de EUROSocial, que analiza un Modelo de Defensa Penitenciaria para Mujeres Condenadas Privadas de Libertad, donde se detectó esta necesidad dada la realidad y el aumento de las mujeres privadas de libertad en Chile, realizando vídeo conferencias con los distintos equipos penitenciarios de las distintas regiones del país y visitando los penales.

La defensa especializada para mujeres condenadas es un gran paso que logra reducir brechas de desigualdad, fortalece mecanismos de ayuda y conectividad con las internas y sus familias, lo que ha llevado a entender que es necesario legislar al respecto y que exista una normativa especial en beneficio de mujeres condenadas privadas de libertad, que establece protección a los derechos fundamentales de estas mujeres, a su rol de madre, al acceso a una salud acorde con sus necesidades femeninas, talleres y ofertas de trabajo dentro de los penales que las capaciten para una real reinserción una vez que recuperen su libertad, ya que la mayoría son las que llevan el sustento económico.

A su vez en materia penitenciaria se debe implementar el acceso a beneficios Intrapenitenciarios de una forma más acordes con sus necesidades, como lo es la actual modificación al Decreto ley 321 que establece los requisitos para acceder a la libertad condicional y que otorga anticipadamente el beneficio a las mujeres embarazadas a la mitad del cumplimiento de su condena.

Así mismo exista mayor flexibilidad para acceder a beneficios Intrapenitenciarios, como la salida esporádica al medio libre, la que hoy se limita más bien a situaciones extraordinarias como enfermedad grave y fallecimiento de un familiar muy cercano, ampliándolo a festividades importantes de los hijos en los colegios, como la celebración del día de la mamá, ceremonias de licenciatura, entre otras, y considerar a la hora de otorgar beneficios como la salida dominical, de fin de semana y diaria, dada su condición de madre, en pos de los derechos del niño, así como también priorizar a la hora de condenar a una mujer por la comisión de un delito, su condición y que el cumplimiento de su condena sea por intermedio de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad que en la actualidad se fijan en de la ley 18.216.

 Conclusiones: 

En Chile la población penal femenina está creciendo a niveles impensados y el aumento de la actividad delictual perpetrada por mujeres se debe principalmente a un tema económico, ya que más del 80% son madres, dueñas de casa y en la mayoría de los casos el sustento económico, transformando el  rostro del delito al de una mujer, lo que nos debe llevar a pensar como sociedad en políticas públicas que apunten a entregar mejores herramienta para las madres solteras o mujeres que simplemente buscan oportunidades emprendiendo honradamente.

Del mismo modo, implementar una regulación a nivel normativo y gubernamental que haga frente a las reales exigencias propias de las mujeres condenadas privadas de libertad, donde se respeten sus derechos fundamentales como mujer.

MARÍA FRANCISCA SEPÚLVEDA TORRES

Defensor Penitenciario

Chile

MANIFIESTO DE APOYO ACADÉMICO A LAS POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los Institutos Universitarios Feministas y de Género han ido creándose a lo largo de

más de treinta años en distintas universidades con el fin de paliar y corregir los sesgos

androcéntricos de una universidad que durante siglos había ignorado la experiencia de

las mujeres y su papel como creadoras de conocimiento, ciencia y cultura, y que apenas

en 1910 había comenzado a admitirlas en sus aulas. Cuando la democracia llegó a

España, se restablecieron los principios de igualdad que fueron interrumpidos durante cuarenta años por un régimen que humilló a las mujeres considerándolas jurídicamente menores de edad, impidiéndoles el acceso y desarrollo profesional, y confinándolas a un espacio privado donde carecían incluso de patria potestad sobre sus hijos. El Estado democrático español decidió restañar el daño infligido a sus ciudadanas de forma integral, cambiando leyes, restituyendo sus derechos y poniendo en marcha políticas que permitieran acceder a las mujeres a los lugares de saber, política, cultura y ciencia que les correspondían. De hecho, hoy en día, las mujeres son mayoría entre quienes ocupan las aulas universitarias españolas.

Los institutos de género y feministas de las universidades españolas han supuesto, durante décadas, espacios emergentes donde personas pertenecientes a la academia ofrecieron y ofrecen sus conocimientos y experiencia –tanto desde la filosofía, historia, ciencia, cultura o salud- para visibilizar y analizar las desigualdades, corregir contenidos, ampliar saberes y brindar a las y los nuevos ciudadanos, espacios de libertad y desarrollo intelectual. Gracias a ellos fueron creadas las actuales unidades de igualdad, que identifican las desigualdades todavía presentes en la universidad, formulan políticas para corregirlas, y velan y ponen en marcha protocolos que intentan acabar con el acoso y la discriminación en las aulas. Los institutos universitarios feministas y de género son el ejemplo de la interdisciplinariedad académica al servicio de la democracia y la libertad, conectados continuamente con la sociedad y sus necesidades.

Por todo ello, desde la universidad, institución garante del ejercicio del pensamiento libre e igualitario, no vamos a tolerar el ataque actual a las políticas de igualdad por parte de sectores que, a través de mensajes basados en graves errores, quieren minar el avance que ha supuesto la lucha contra la violencia y la discriminación social desde las políticas estatales, los movimientos sociales y la academia.

Desde los institutos universitarios y asociaciones universitarias feministas y de género condenamos y deploramos el uso difamatorio, que se está haciendo de las políticas

contra la violencia de género por parte de Vox, pues tergiversa metas y objetivos base de la democracia.

Como investigadoras y profesoras recordamos pasadas experiencias en las que, cuando grupos marginados comenzaban a tener derechos, solía aparecer un grupo marginal y pequeño que negaba el cambio, el progreso y lucha, con cualquier instrumento a su alcance, aunque fuera ilegítimo y falaz. Lo supimos cuando se luchó por el sufragio masculino general, cuando se luchó por el sufragio universal, cuando se luchó por el divorcio, e incluso por la Constitución española. Los que hoy se benefician de su implantación, en su día se opusieron a su puesta en marcha.

Por ello, desde la junta directiva de la plataforma asociativa EUFEM, como investigadoras y profesoras universitarias, emitimos el presente manifiesto, en Madrid, a 9 de Enero de 2019.

EL ACUERDO DE PAZ COMO INSTRUMENTO TRANSFORMADOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUJER COLOMBIANA: APROXIMACIONES DESDE EL FEMINISMO Y LA CRÍTICA JURÍDICA.

·         Mujer, pobreza e indivisibilidad legitimada.

En Colombia la pobreza ha afectado a casi la mitad de la población (PNUD, 2010; Hoyos, 2013). Aunque en el país se adelantan esfuerzos para que los niveles de desigualdad entre sectores de la sociedad no aumenten y se han construido importantes estrategias para el acceso a las oportunidades, hay ciertos niveles de exclusión históricos (DNP, 2013) presentes en los distintos procesos sociales. En este sentido, la pobreza, como principal flagelo que ha golpeado la estructura social y económica de gran parte de américa latina y el caribe, históricamente dejó a ciertos grupos poblacionales ubicados debajo de la línea de pobreza, quienes se han visto más afectados por este quebranto constante de oportunidades; contexto que ha generado dos grandes problemas centrales: La exclusión y la invisibilidad.  Las mujeres, auténticamente las menos favorecidas por las dinámicas del desarrollo económico y el acceso a la propiedad, presentan en Colombia mayores tasas de desempleo e informalidad, con una desventaja relativa frente a los hombres, en ingresos laborales (DANE, 2012). Sobre todo, aquellas en zonas rurales, indígenas, con discapacidad, afrocolombianas o víctimas del conflicto.

“En el país las mujeres sordas no cuentan con los servicios y recursos accesibles a su realidad (Lengua de Señas Colombiana-LSC), por lo que no les es posible transmitir su situación y necesidades de desarrollo, o simplemente para interponer una denuncia y/o acciones legales. Es válido desde esta representación tomar como punto de partida que en el país coexiste un presunto desconocimiento acompañado de una falta de sensibilidad social por la perspectiva de -mujer y sordera-. Causando para la mujer sorda inaccesibilidad a los servicios de administración de justicia, protección social, campañas de desarrollo. La mujer sorda es un sujeto de derechos que vive procesos de doble discriminación y de la anulación de la persona (aniquilación simbólica), permitiendo exponer al país que los procesos de estigmatización que han vivido históricamente las mujeres con discapacidad son distintos al de cualquier población, tomando como línea base social, que la mujer sorda es más afectada que cualquier otro tipo de mujer con discapacidad, y que la limitación auditiva le restringe ciertas posibilidades educativo-formativas las cuales suponen la adquisición de competencias profesionales y de integración laboral” (Hoyos, 2014, p. 18)

En Colombia la invisibilidad y la exclusión de la mujer, fueron legitimadas a partir de la “estandarización” de lógicas patriarcales, cuyo efecto fue la institucionalización de prácticas de liquidación alegórica y social (Ibarra, 2007). La mujer desapareció de los grados de importancia cultural, la estructura social y primigenia que adaptó el país, heredada de trasplantes jurídicos y sociales, colocó un “modelo machista” de hombre que afirmó su seguridad y reconocimiento a través de la fuerza y de las armas, construyendo para la mujer un modelo de sumisión directo que, desde sus inicios, sirvió de parámetro objetualizador, una mujer socialmente deconstruida:

“(…) Una mujer dependiente-sumisa que acepta el mandato de un hombre en su vida y que aceptó ser borrada de la memoria histórica de su país”. Este contexto afectó y terminó de agraviar la situación de la mujer Colombiana, pues con frecuencia, los actores armados dispusieron de normas sociales sobre el comportamiento y las relaciones afectivas de las mujeres del país, controlando su sexualidad, definiendo la forma de vestir e impartieron los castigos a aquéllas que incumplieron con sus reglas, tal como sucedía en los pueblos de Antioquia, Chocó, el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio a mediados en el periodo de 1920-1950 (Hoyos, 2013).

En ese sentido, debido a su condición de género, etnia, discapacidad o situación resultante del conflicto, ellas han enfrentado situaciones de carencia de oportunidades e inseguridad social que se traduce en perpetuas estructuras de aniquilación físico-simbólicas que irrumpieron en su desarrollo como sujetas de derechos; restándoles oportunidad de una vida digna con un derecho a morir de viejas, de mayores, de felices y realizadas.  Unida a esta invisibilidad social, Colombia como otros países de américa latina adoptó en el pasado régimen constitucional, la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como modelo de desarrollo económico, (Amézquita, 2010) contexto que terminó de agravar la figura de la mujer en el país. La razón se debió a que, ISI se concentró en lo urbano y en la industria, generando que los recursos para lo social fueran inexistentes, además del gran énfasis que hizo en la capitalización para la producción de sustitutos y no de formación humana (Clavijo, 2002). Lo anterior, acompañado de un derecho económico subordinado por asuntos puramente industriales, que permitió paralizar el impulso distributivo para lo social, que en conjunto con un modelo de desarrollo económico centrado solo en las grandes ciudades, hizo una injusta y casi inexistente distribución de recursos.

Esta planeacion político-económica, hizo totalmente invisible a la mujer de todas las relaciones económicas, pues ISI al concentrar su capitalización en las urbes y en la industria, institucionalizó (amparado en el derecho) que la mujer colombiana de la década de los treinta y cuarenta, no era persona y por tanto era una muestra innecesaria en los procesos de desarrollo. Situación que tuvo amparo legal, producto de que bien entrado el siglo XX, las mujeres de Colombia tenían restringida su ciudadanía y la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales, pues se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, entre otras limitaciones (Hoyos, 2013). Sin duda alguna, un hecho histórico que legitimó la invisibilidad de estas y subsistentemente sirvió como fundamento básico para erradicar cualquier oportunidad política de desarrollo.

·    Aproximaciones a la superación de la deuda histórica: El Acuerdo de Paz, como mecanismo constitucional de corrección social.

La superación de la desigualdad distributiva exige cambios estructurales (principalmente políticos) y culturales. La apuesta por la erradicación de los efectos adversos del desarrollo requiere de una profunda reflexión social y metamorfosis de las principales colocaciones de la decisión económica y con ello, de las lógicas en la formación y formulación de la equiparación de oportunidades (Kennedy, 1989). Con la firma del acuerdo de Paz en el gobierno Santos con la FARC (antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) el país apostó por erradicar los efectos adversos del desarrollo contra la mujer. El acuerdo de Paz, al incorporar en el proceso de recuperación del tejido social de la nación la posibilidad de generar cambios, respecto al protagonismo de la mujer, fundó formas para alcanzar la igualdad distributiva:

“La apertura democrática para construir la paz dispone la creación de organizaciones de mujeres y fomento de la participación de las organizaciones de mujeres, especialmente en instancias de los programas de desarrollo con enfoque territorial y en las circunscripciones especiales transitorias de paz. (Acuerdo de Paz, 2017, punto 2).

Desde esta perspectiva, el acuerdo incorpora una nueva concepción del derecho y la política para la mujer en el posconflicto, un reto que implica aminorar (o porque no) erradicar los impactos de la exclusión que generó la deuda histórica del desarrollo. En ese sentido, propone una transformación de la clásica visión de distribución y asignación de las oportunidades para el desarrollo; el Acuerdo como instrumento constitucional propone la igualdad de los programas de desarrollo, superando la visión asistencialista que también objetualizó el rol de la mujer como constructora de sociedad (Jackson, 2017). Incorpora como principio para la reconstrucción del tejido social, la reducción de las desigualdades o asimetrías, tomando como  variables géneros-roles-desarrollo, identificándolas como elemento sine qua non que aseguran avance social o generan su retraso; el Acuerdo exige la modificación de la estructura económica de producción y distribución, con el propósito de corregir en los términos de Stephen & Holmes (2011) “la distorsión económica”, que tras la implementación del ISI en Colombia, generó una profunda desviación de la asignación de recursos económicos para lo social, situación que hizo imposible que cada  mujer del siglo pasado tuviera la posibilidad de maximizar su propia utilidad en Colombia.

Así las cosas, el Acuerdo como mecanismo constitucional de corrección, implica un marco de esperanza que contribuya al crecimiento equitativo y paritario, crecimiento que no dependa únicamente de los mecanismos de mercado -como el antiguo modelo de desarrollo y de análisis económico- (Posner, 2013) sino que los procesos de formulación de política públicas-distributivas e incluso fiscales, adquieran un enfoque incluyente alejados de las lógicas patriarcales, para así fomentar la inclusión, participación plena y desarrollo igualitario de hombres y mujeres. De ahí que el objetivo del desarrollo en la Colombia del posconflicto es alcanzar una igualdad como apunta la Constitución de 1991, tanto en el acceso como en el control de los recursos económicos.

·        El derecho constitucional económico del posconflicto: Objeto de estudio centrado en la igualdad distributiva.

La reconstrucción del tejido social de la mujer colombiana implica erigir una nueva plataforma socioeconómica que garantice la inclusión de mujeres en la dinámica del desarrollo económico; lo anterior con efecto-contagio positivo (Mesa, 2012): para que también las personas o los grupos de la población que se encuentran en condiciones precarias puedan mejorar su situación social.  Se trata de superar la clásica visión transversal y/o eje conductor del género como categoría de análisis y como método de identificación y corrección de desigualdades. El reto es delinear a partir del Acuerdo una representación diferente sobre el concepto actual de regulación económica-mujer: pues actualmente lo que ocurre es que el objeto de estudio del desarrollo económico en Colombia y en ciertas partes de américa latina, hace énfasis en los análisis económicos tradicionales y no en las diferencias sociales o las repercusiones–contradicciones que ello tiene para la propia economía y para la sustentabilidad humana. Esto significa que el derecho constitucional económico del posconflicto deberá incorporar una visión incluyente de la distribución de los recursos, del acceso a la propiedad y del acceso al desarrollo. Lía, trasmutar las estructuras distributivas actuales de la regulación publica para lo social, para así encontrar una oportunidad de cambio como el que supone, liquidar las desigualdades de género en la parametrización del desarrollo económico nacional. La anterior, desde una perspectiva progresiva, no totalizante y tampoco universal, que considere los distintos impactos fiscales de mediano o largo plazo, donde se asuman las necesarias factibilidades de rigor, que no dependen solo de la preexistencia de voluntad política, sino de los procesos de legitimación de las iniciativas (Gálvez, 2001). Esto con el propósito de evitar que la propuesta se convierta en un anuncio de “guerra entre sexos”, como a menudo manifiestan quienes se resisten desde sus actitudes, a la equidad de género en el desarrollo y al feminismo en la distribución.

·         A manera de conclusión.

En definitiva, el Acuerdo contribuye a suprimir la invisibilidad de la mujer, instala una visión de desarrollo complementado con acciones de inclusión progresiva, en los términos de la teoría jurídica económica. A la par, las plataformas diseñadas por éste auspiciarían la producción-distribución en condiciones de igualdad, donde las mujeres sean referente obligatorio de análisis económico: como ser que construye mundo, futuro y sociedad. La apuesta por la Paz refuerza la visión de inclusión de todas aquellas instancias organizativas y colectivos de mujeres que, desde antaño, han forjado caminos para la construcción colectiva de conciencias que permitan erradicar la subordinación y violencia económica por razones de género, clase, etnia, como fuerza social institucionalizada en Colombia.

A la memoria de Elvia Cortez

Luis Miguel Hoyos Rojas

Miembro del Grupo de Investigación Pensar (en) Género, 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)

Liberación y opresión en las artes femeninas (Las labores y la moda bajo la perspectiva del feminismo español, 1875-1936)

En España, existió una primera crítica de arte feminista, aproximadamente entre 1875 y 1936, que aportó una nueva perspectiva al análisis y la interpretación de las llamadas artes femeninas: las labores de aguja y la moda. Unas artes, éstas, que consideró en una doble vertiente, a la vez, como medio de liberación y de opresión de las mujeres, quienes las han practicado de forma mayoritaria y con quienes tradicionalmente se han relacionado atendiendo a sus supuestas características y funciones naturales.

La crítica de arte feminista empezó en nuestro país cuando se produjo la incorporación de las mujeres a la escritura profesional, el desarrollo de la crítica de arte y la difusión del feminismo y terminó con el estallido de la Guerra Civil. Esta fue una crítica artística que cuestionó por primera vez las tradicionales relaciones entre el arte y la mujer. Las artes menores ―femeninas― eran consideradas útiles, manuales, repetitivas, amateurs y mal pagadas o gratuitas; mientras que, al contrario, las artes mayores ―masculinas― eran juzgadas bellas, intelectuales, originales, profesionales y bien remuneradas.

       Las escritoras pioneras más importantes de esta crítica fueron: Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos Colombine, María Martínez Sierra y Margarita Nelken. Aunque pertenecieron a distintas generaciones y tuvieron diferentes ideologías, todas ellas estuvieron enormemente comprometidas con el feminismo y se dedicaron, en mayor o menor medida, al estudio del arte y la artesanía. Estos intereses se aunaron en muchos de sus textos y les aportaron un novedoso enfoque: analizaron y denunciaron la desigualdad de la mujer en el ámbito artístico en razón de su sexo ―hoy en día diríamos género, utilizando una terminología más actual―.

       Si bien aludimos a un número concreto y limitado de escritoras, no se trata de casos aislados o excepciones, pues, junto a ellas, hubo un grupo considerable de sobresalientes autoras que también abordaron la cuestión de las mujeres y el arte, aunque de forma menos decidida y más esporádica, entre las que cabe destacar a Concepción Gimeno de Flaquer, Carmen Baroja, Sofía Casanova, Concha Espina e Isabel de Palencia. Creemos que se trata de una muestra pequeña, pero representativa, de las numerosas mujeres que se acercaron a este tema, que esperamos que futuras investigaciones recuperen y den a conocer.

       Nuestras cuatro autoras contribuyeron a la divulgación de las labores de aguja y la moda al darlas a conocer entre el gran público, en especial, a través de sus artículos periodísticos, manuales femeninos y ensayos feministas; en los que se ocuparon de aspectos tanto teóricos como prácticos. Respecto a sus opiniones sobre estas actividades, debemos poner de relieve que mostraron posturas contrapuestas, que fueron desde la idealización hasta la crítica más contundente.

       Con el fin de revalorizar las labores femeninas utilizaron varios medios. El más común consistió en equiparar las artes femeninas a las artes mayores, sobre todo a la pintura, pero también a la escultura y a la arquitectura; recalcando su valor artístico, social y económico de primer orden e incluyéndolas en el devenir histórico del resto de las manifestaciones y corrientes artísticas. También defendieron que tenían un origen muy antiguo, que se remontaría a los primeros tiempos de la humanidad, anterior incluso a la mayoría de las expresiones culturales. Otro medio que utilizaron para elevar su consideración se basó en aludir a «voces autorizadas», es decir, a escritores prestigiosos que se habían dedicado a su estudio, así como a pintores que habían puesto una gran atención y se habían inspirado en ellas, y viceversa, es decir, obras de arte femenino que estaban muy influidas por obras literarias o artísticas de primer orden.     

        Sin embargo, y al mismo tiempo, fueron muy críticas con ciertos aspectos de estas artes. Denunciaron los numerosos y graves problemas que podían causar en la salud femenina, sobre todo en la vista, a consecuencia de las malas condiciones en que trabajaban, con escasa iluminación e higiene. También se preocuparon por el elevado número de horas que ocupaban a las mujeres, de la clase media pero sobre todo de las obreras, pues muchas de ellas tenían jornadas interminables, y por su escasa retribución, cuando se pagaban. De igual modo, rechazaron el sedentarismo, la pasividad y el aislamiento a los que estas labores avocaban a las mujeres, pues a menudo eran actividades rutinarias, mecánicas y de gran dureza que se cultivaban en la reclusión del hogar.

       En relación con las labores de aguja, lamentaron el exceso de dedicación de las jóvenes de las clases acomodadas a éstas, sobre todo, en la medida en que iba en detrimento de otras actividades como el estudio o la lectura, que las autoras consideraban más provechosas. En lo relativo a la moda, protestaron contra el uso de determinadas prendas femeninas, en especial del corsé, que dificultaba sus movimientos, mientras que exigieron un tipo de vestimenta que se adaptara a la vida moderna, que fue introduciendo importantes transformaciones en sus costumbres; particularmente en lo relativo al trabajo, la práctica de los deportes y los viajes. Aparte, criticaron la «esclavitud de la moda», es decir, la excesiva importancia que las mujeres daban al atuendo y a la apariencia en general, así como los constantes cambios y gastos que éste exigía, y que venían impuestos por los grandes modistos estaban muy alejados de sus gustos y necesidades.

       Ahora bien, creemos que no se puede hablar de una corriente crítica de arte feminista en el sentido de un grupo cohesionado, ni siquiera en la década de los veinte y los treinta del siglo XX, cuando el feminismo cristalizó en España y se constituyó como movimiento; ya que entre las distintas autoras no hubo debate en lo relativo al tema concreto de las mujeres y el arte. Como, por otra parte, sí hubo controversia o intercambio de ideas en otros asuntos de carácter social y político como el divorcio o el sufragio femenino. Así pues, en lo que respecta al arte fueron individualidades que trabajaron de forma aislada y cuyas ideas no tuvieron continuidad debido al estallido de la Guerra Civil y a la posterior instauración del Franquismo. Además, al tratarse de los primeros pasos de esta crítica, sus textos reflejaron forzosamente ideas vacilantes y contradictorias, como resultado de la falta de un aparato teórico y metodológico desarrollado.

        La constatación de la existencia de una primera crítica de arte feminista española contribuye al enriquecimiento de la crítica y la historiografía del arte, que, hasta entonces, había sido escrita solo por hombres y, por tanto, con un enfoque parcial y subjetivo que escondía una determinada concepción ideológica y política, privilegiando la creación artística de los varones y marginando la de las mujeres. Nuestras autoras pusieron en tela de juicio la autoridad masculina y socavaron algunos de los fundamentos y principales categorías de estas disciplinas, como eran la jerarquía artística o el menosprecio de las artes femeninas; restrictivos y excluyentes. A pesar del tiempo transcurrido y de los notables avances que ha experimentado la situación de las mujeres en España, en general, y en el ámbito artístico, en particular; buena parte de sus ideas siguen teniendo una enorme actualidad, ante todo, en lo que concierne a la adscripción de las mujeres a artes que se consideran inferiores y al menor reconocimiento de las creaciones femeninas.

África Cabanillas Casafranca

Dra. en Historia del Arte por la UNED

Ganadora del XX Premio Elisa Pérez Vera